Parcialidad al servicio de la represión. Para la judicatura no existen los abusos policiales.

Carlos Martínez. Publicado en el número de enero de Mundo Obrero.

rea de indignación popular causada por la crisis se está centrando contra el mismo elemento: la impropiamente llamada “clase política”. Por el contrario hay otros estamentos a los que no estamos prestando la debida atención. Evidentemente, entre los causantes y mayores beneficiarios de la crisis se encuentran la burguesía y el capital. Y junto a ellos cómo cómplices o aliados de la actual situación nos encontramos, entre otros, con el aparato coercitivo del Estado, formado por la policía antidisturbios, las prisiones, el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial.

En la configuración teórica del estado de derecho, fiscales, jueces y tribunales deberían ser los máximos garantes de la legalidad y, especialmente, de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los acontecimientos de estos últimos años, se puede asegurar que la gran mayoría de los jueces y fiscales que han tenido que conocer de cuestiones relativas al orden público, no han actuado con la parcialidad debida y bajo criterios ideológicos.

Las protestas de la clase trabajadora ha sido, esencialmente, pacíficas y han concurrido por los cauces legales y dentro de los derechos y libertades recogidos por la actual Constitución. A pesar de esta evidencia, todos somos testigos directos o a través de los medios de los graves abusos de actuaciones policiales, entre las que podemos destacar agresiones, en ocasiones con resultados muy graves1; identificaciones masivas sin causa aparente; “retenciones” colectivas y con una duración muy superior a la necesaria para una identificación, detenciones por hechos que no constituyen delito o, en todo caso, por una presunta falta constando el domicilio del detenido. Pero, sobretodo, se está haciendo un uso abusivo de la fuerza sin justificación en derecho2.

 Sin embargo, no conocemos ni un solo caso en el cual la autoridad judicial haya condenado a un agente o mando policial por hechos que tienen todos los caracteres de delito. Los magistrados, que tan duros han sido con militantes de izquierda, como en el caso de Alfón, no han tenido ocasión para demostrar que los derechos humanos no se pueden vulnerar por una simple ocupación pacífica de una vía pública.

Jueces y magistrados no cejan en reivindicar la independencia judicial frente al poder político (nada dicen del poder económico) y nosotros, el pueblo, debemos recordarles que la independencia no es un fin en sí mismo, sino que es una garantía para que ellos dicten resoluciones imparciales. Y este es el principal defecto de la casta judicial española, son muchas las sentencias que pecan de una evidente parcialidad en favor de los más poderosos.

Además del caso citado de la larga prisión preventiva de Alfón bajo un cruel régimen de aislamiento, hay que recordar que sólo hay un empresario relevante en prisión: Gerardo Díaz Ferrán. Pero no por dejar de pagar el salario a sus trabajadores, sino porque estafó a empresarios muy poderosos3. No hay banqueros en prisión, ni políticos de primera fila, ni defraudadores de hacienda, ni policías torturadores… En una ocasión, en el que coincidieron una buena gestión política que facilitó pruebas de las torturas y unos jueces valientes, el gobierno se ocupó de indultar a los torturadores. Esta facultad del gobierno, propia de otras épocas, ha venido a culminar el actual estado de injusticias, rescatando de la cárcel a los pocos policías torturadores y empresarios delincuentes que han podido ser condenados a prisión4.

Dos resoluciones judiciales recientes muestran la indefensión en la que nos encontramos frente a las actuaciones policiales abusivas. En una de ellas se absuelve a los policías que agredieron a manifestantes pacíficos, causando lesiones a una militante de Esquerra Unida/ Izquierda Unida y maltratado a otros muchos, entre otros a la coordinadora de esta coalición en el País Valenciano, Marga Sanz. Mientras tanto, el juez condena a dos militantes de la plataforma “Salvem el Cabanyal” por agresiones a la Policía Local, la que eran mucho menos graves que las causadas por miembros policiales. Este mismo juez condenó a Amadeu Sanchís, concejal del Ayuntamiento de Valencia, por una falta de injurias contra el honor del conocido ultraderechista y empresario de la prostitución, José Luis Roberto, por una nota de prensa que condenaba la historia de genocidio de la ultraderecha.

Paralelamente, otro juez de instrucción de Valencia archivaba la denuncia que interpuso Marga Sanz contra la actuación policial contra los estudiantes menores de edad valencianos, por la agresiones policiales y la “retención” de los menores durante horas sin que se permitiera a sus padres comunicarse con ellos.

Como han mostrado constantemente las elecciones de asociaciones profesionales, los jueces, fiscales y secretarios judiciales españoles son mayoritariamente conservadores, son cuerpos mucho más escorados hacia la derecha que el resto de la sociedad española5. A ello se suma el aviso a navegantes que ha supuesto la condena a Baltasar Garzón por investigar la trama delictiva Gurtel ligada al Partido Popular. Todos los jueces incumplen plazos, no puede ser de otra manera, todos se erran en una u otra ocasión o incumplen garantías de los imputados… pero mientras no dicten resoluciones molestas para los poderes políticos y económicos saben que no serán expedientados.

Sólo en el grave problema de los desahucios, los jueces españoles han demostrado cierta sensibilidad social pero reflejada muy tímidamente todavía en sus resoluciones, a pesar que sí que existen vías legales para atajar los abusos bancarios. Ahora, cuando se está pidiendo por sectores de la izquierda un proceso constituyente, sería buen momento para repensar la justicia, y cómo conseguir un poder judicial democrático, representativo y verdaderamente imparcial frente a los poderosos, puesto que el actual sistema judicial a los ciudadanos ya no nos sirve.

—————————————————-

1Una manifestante resultó herida con el resultado de pérdida del globo ocular http://www.20minutos.es/noticia/1670221/0/mossos-pelotas-goma/barcelona-puig/14n-huelga-general/

2Sobre los límites del uso de la fuerza policial: http://old.kaosenlared.net/noticia/uso-fuerza-policial-espana-cuba

3Fue denunciado por los empresarios de AC Hoteles, Barceló, Iberojet y otroshttp://politica.elpais.com/politica/2012/12/05/actualidad/1354695125_272799.html

4Los indultos del gobierno de Rajoy http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_indultos

5Sobre las elecciones coorporativas judiciales http://www.rebelion.org/noticia.php?id=96981

Anuncios

El chantaje de Bárcenas a la justicia

 Carlos Martínez 

El escándalo que está sacudiendo al Partido Popular está presente en todos los medios y a todas horas. Por ello resulta sorprendente que hayan cuestiones que los medios y columnistas no hayan analizado con un mínimo de profundidad.

El caso “Gurtel” estalla en el año 2009, a inicios del 2013 se descubre una cuenta de 12 millones de euros en Suiza cuyo titular es el ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas. Inmediatamente, este imputado, filtra al diario “El Mundo” que pagaba sobresueldos a dirigentes del PP sin declarar dichos ingresos a la hacienda pública. Ese mismo diario, en su editorial, tacha este movimiento de chantaje de Bárcenas a la actual dirección popular. Al parecer, el ex-tesorero procesado amenazó con publicar toda la información de la que dispone si resulta condenado penalmente. En los documentos de los que dispone podrían encontrarse pruebas de delitos fiscales, de financiación ilegal del partido, cohechos…

Lo que no se han preguntado los medios y columnistas es cómo es posible este chantaje. En un estado, teóricamente, de derecho, el poder judicial es independiente del gobierno. Pero al parecer esa no es la percepción del tesorero y otros muchos miembros del partido conservador.

Planteada así la cuestión cabe preguntarse sí el PP tiene la capacidad real para influir en investigaciones penales. Luis Bárcenas será un presunto delincuente pero nadie duda de su experiencia en la vida política y en la fontanería interna del Partido Popular. Por lo que informa el diario El Mundo, el ex-tesorero opina que sí era posible que los dirigentes de su partido le proporcionasen una salida airosa a la investigación penal. No es algo descabellado, los antecedentes apuntan a la existencia de un lobby conservador con capacidad de influencia en la administración de justicia.

Todos recordamos la campaña del Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón que acabó con una sentencia insólita del Tribunal Supremo. El más alto tribunal condenó al Juez por un delito de prevaricación al acordar unas escuchas telefónicas entre los imputados de la “Gurtel” y sus abogados. Algo que se ha realizado en otras ocasiones y no sólo por delitos de terrorismo. Se desactivó a Garzón pero no el caso. También es cierto que el ex-juez de la Audiencia Nacional tenía enemigos en los dos principales sectores de la judicatura. Además de los jueces próximos al PP, se sumaban los próximos al PSOE, los cuales no le perdonan su pasado en ese partido y la posterior investigación sobre el GAL.

Además del éxito que supuso la condena al juez Garzón, los conservadores han conseguido otras victorias sonoras en el ámbito judicial. Bárcenas tiene óptimas relaciones con sus antecesores Naseiro y Sanchis, los que estuvieron imputados en un caso muy similar. En aquella ocasión quedaron absueltos por falta de pruebas al declararse ilegales las escuchas telefónicas por una simple cuestión de reparto de la investigación en los juzgados de Valencia. Se aplicó por primera vez en el Tribunal Supremo la doctrina del “fruto podrido”, jurisprudencia que pocas veces ha tenido ocasión de aplicar dicho tribunal, al igual que ha ocurrido con la “doctrina Botín”. En el caso “Naseiro” también hubo una ofensiva mediática y legal contra el juez que destapó la financiación ilegal del PP. De aquellos barros nos llegaron estos lodos, si hubiera sido otra la sentencia del Tribunal Supremo no tendríamos que ser testigos ahora de la actual situación de corrupción generalizada e impunidad.

En consecuencia no es descabellado el intento de chantaje de Luis Bárcenas pidiendo impunidad a cambio de silencio. Ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que parecía clara la condena a los imputados del PP: Camps, Naseiro… Y otros están permanentemente imputados o investigados sin que llegue nunca el día de su juicio: Zaplana, Carlos Fabra….

Si el plan de impunidad no ha funcionado en esta ocasión ha sido por la suma de diversos factores. El primero y más importante es el actual clima de indignación social. El magistradoSantiago Vidal declaró recientemente que “¿Vosotros creéis que sin ese movimiento de indignación el señor Díaz Ferrán estaría hoy por hoy en la cárcel? Estoy convencido de que si llega a ocurrir hace cuatro años habría quedado en libertad provisional”.

A su vez, mientras el PP se resquebraja, paralelamente, la asociación mayoritaria en la judicatura, APM, se divide en tantas fracciones como las de su partido hermano. Son muchos los jueces conservadores que están abiertamente opuestos a las medidas del Ministro de Justicia, el antaño progre, Alberto Ruiz-Gallardón. Por último, tenemos que tener presente que los jueces, fiscales y policías son víctimas de los recortes puestos en marcha por el Partido Popular, lo que convierte estos colectivos en un terreno abonado a la indignación general y, por lo tanto, menos permeables a las presiones políticas del gobierno.

Esta independencia e imparcialidad judicial no puede ser fruto de una grave situación de crisis económica, ni debe debe quedar acotada para los casos más mediáticos del sector público. Las investigaciones en profundidad e imparciales deben extenderse a la corrupción del sector privado y, también, a los abusos policiales que vulneran los derechos humanos y libertades públicas de los ciudadanos. Un poder judicial democrático debe estar permanentemente al servicio de su pueblo.