El chantaje de Bárcenas a la justicia

 Carlos Martínez 

El escándalo que está sacudiendo al Partido Popular está presente en todos los medios y a todas horas. Por ello resulta sorprendente que hayan cuestiones que los medios y columnistas no hayan analizado con un mínimo de profundidad.

El caso “Gurtel” estalla en el año 2009, a inicios del 2013 se descubre una cuenta de 12 millones de euros en Suiza cuyo titular es el ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas. Inmediatamente, este imputado, filtra al diario “El Mundo” que pagaba sobresueldos a dirigentes del PP sin declarar dichos ingresos a la hacienda pública. Ese mismo diario, en su editorial, tacha este movimiento de chantaje de Bárcenas a la actual dirección popular. Al parecer, el ex-tesorero procesado amenazó con publicar toda la información de la que dispone si resulta condenado penalmente. En los documentos de los que dispone podrían encontrarse pruebas de delitos fiscales, de financiación ilegal del partido, cohechos…

Lo que no se han preguntado los medios y columnistas es cómo es posible este chantaje. En un estado, teóricamente, de derecho, el poder judicial es independiente del gobierno. Pero al parecer esa no es la percepción del tesorero y otros muchos miembros del partido conservador.

Planteada así la cuestión cabe preguntarse sí el PP tiene la capacidad real para influir en investigaciones penales. Luis Bárcenas será un presunto delincuente pero nadie duda de su experiencia en la vida política y en la fontanería interna del Partido Popular. Por lo que informa el diario El Mundo, el ex-tesorero opina que sí era posible que los dirigentes de su partido le proporcionasen una salida airosa a la investigación penal. No es algo descabellado, los antecedentes apuntan a la existencia de un lobby conservador con capacidad de influencia en la administración de justicia.

Todos recordamos la campaña del Partido Popular contra el juez Baltasar Garzón que acabó con una sentencia insólita del Tribunal Supremo. El más alto tribunal condenó al Juez por un delito de prevaricación al acordar unas escuchas telefónicas entre los imputados de la “Gurtel” y sus abogados. Algo que se ha realizado en otras ocasiones y no sólo por delitos de terrorismo. Se desactivó a Garzón pero no el caso. También es cierto que el ex-juez de la Audiencia Nacional tenía enemigos en los dos principales sectores de la judicatura. Además de los jueces próximos al PP, se sumaban los próximos al PSOE, los cuales no le perdonan su pasado en ese partido y la posterior investigación sobre el GAL.

Además del éxito que supuso la condena al juez Garzón, los conservadores han conseguido otras victorias sonoras en el ámbito judicial. Bárcenas tiene óptimas relaciones con sus antecesores Naseiro y Sanchis, los que estuvieron imputados en un caso muy similar. En aquella ocasión quedaron absueltos por falta de pruebas al declararse ilegales las escuchas telefónicas por una simple cuestión de reparto de la investigación en los juzgados de Valencia. Se aplicó por primera vez en el Tribunal Supremo la doctrina del “fruto podrido”, jurisprudencia que pocas veces ha tenido ocasión de aplicar dicho tribunal, al igual que ha ocurrido con la “doctrina Botín”. En el caso “Naseiro” también hubo una ofensiva mediática y legal contra el juez que destapó la financiación ilegal del PP. De aquellos barros nos llegaron estos lodos, si hubiera sido otra la sentencia del Tribunal Supremo no tendríamos que ser testigos ahora de la actual situación de corrupción generalizada e impunidad.

En consecuencia no es descabellado el intento de chantaje de Luis Bárcenas pidiendo impunidad a cambio de silencio. Ya ha ocurrido en otras ocasiones en las que parecía clara la condena a los imputados del PP: Camps, Naseiro… Y otros están permanentemente imputados o investigados sin que llegue nunca el día de su juicio: Zaplana, Carlos Fabra….

Si el plan de impunidad no ha funcionado en esta ocasión ha sido por la suma de diversos factores. El primero y más importante es el actual clima de indignación social. El magistradoSantiago Vidal declaró recientemente que “¿Vosotros creéis que sin ese movimiento de indignación el señor Díaz Ferrán estaría hoy por hoy en la cárcel? Estoy convencido de que si llega a ocurrir hace cuatro años habría quedado en libertad provisional”.

A su vez, mientras el PP se resquebraja, paralelamente, la asociación mayoritaria en la judicatura, APM, se divide en tantas fracciones como las de su partido hermano. Son muchos los jueces conservadores que están abiertamente opuestos a las medidas del Ministro de Justicia, el antaño progre, Alberto Ruiz-Gallardón. Por último, tenemos que tener presente que los jueces, fiscales y policías son víctimas de los recortes puestos en marcha por el Partido Popular, lo que convierte estos colectivos en un terreno abonado a la indignación general y, por lo tanto, menos permeables a las presiones políticas del gobierno.

Esta independencia e imparcialidad judicial no puede ser fruto de una grave situación de crisis económica, ni debe debe quedar acotada para los casos más mediáticos del sector público. Las investigaciones en profundidad e imparciales deben extenderse a la corrupción del sector privado y, también, a los abusos policiales que vulneran los derechos humanos y libertades públicas de los ciudadanos. Un poder judicial democrático debe estar permanentemente al servicio de su pueblo.

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